Por Carlos Muñoz Piña, Edgar Rivero Cob y Mariso Rivera Planter, Centro Mario Molina
En México, 101 de los 282 acuíferos más importantes están sobreexplotados, es decir, se extrae de ellos cada año más agua que el promedio de su recarga natural anual. Esto es, por definición, no sustentable, no es posible sostener este ritmo de extracción sin agotar tarde o temprano el capital natural que representan estos acuíferos para la economía y el bienestar de la población. Actualmente podemos observar las primeras consecuencias: en todos los acuíferos sobreexplotados hay abatimiento de los niveles de bombeo, cada vez se tiene que obtener agua desde mayores profundidades, poniendo a varias ciudades en problemas financieros y de abasto. En algunas regiones podemos encontrar signos de la crisis, los niveles del acuífero han llegado tan bajo que comienza a haber intrusión salina (en zonas costeras del Noroeste) o contaminación por metales pesados (en el centro-norte del país).
Las razones de este uso no sustentable del agua no están ni en la población creciente ni en la aridez natural del territorio del país. Tampoco están en la falta de opciones tecnológicas, ya que existen formas de regar la misma superficie utilizando sólo 1/3 del agua que usan las tecnologías más desperdiciadoras. Entre las verdaderas causas de la crisis del agua en México se encuentran los incentivos a la sobreexplotación que dan los subsidios a la electricidad para bombeo agrícola. Al hacerse artificialmente más barato extraer agua, se extrae más, rebasando el nivel máximo sustentable y económicamente eficiente. El subsidio es grande: los agricultores pagan entre 20 y 40 centavos por cada kW, el cual le cuesta al país más de $2.4 pesos generar y distribuir. Son más de $8 mil millones de pesos anuales de subsidio, que además son desigualmente distribuidos. Nuestros cálculos estiman que más del 50% de esta transferencia anual va a dar al 10% de los agricultores de mayores ingresos (los agricultores con más tierra irrigada bombean más y reciben más subsidio en total).
La otra causa estructural de la sobreexplotación reside en el sistema de concesiones de agua, el cual busca limitar la extracción total a niveles sustentables, sin embargo, no es respetado a cabalidad. Los resultados preliminares de nuestro estudio muestran que más del 16% de los agricultores de riego extraen agua sin permiso, de manera ilegal, incluso aquellos que tienen concesiones en regla extraen más de su cuota.
La buena noticia es que hay soluciones creativas para resolver la sobreexplotación. Por un lado está el aumentar los esfuerzos de cierre de pozos ilegales, ejercicio que ha venido creciendo en años recientes por parte de la CONAGUA. No obstante, para quitar el incentivo negativo es necesario desacoplar los subsidios, es decir diferenciar su efecto de apoyo económico del efecto que abarata artificialmente el agua. Por ejemplo, se puede elevar el precio de la electricidad pero redirigir los $8 mil millones de pesos de recaudación adicional para subsidiar las tecnologías de ahorro de agua, o darlos de regreso como transferencias directas con libertad para que los agricultores decidan en cómo mejor usarlos para elevar su productividad. Con esto estaríamos convirtiendo un gasto ambientalmente y fiscalmente insostenible en una inversión hacia la sustentabilidad.
Es importante resolver este problema de incentivos para evitar dañar en el largo plazo a las mismas personas que se busca beneficiar a través del subsidio, los agricultores. Es evitar un daño que se expande pronto al resto de la sociedad, la economía y la vida silvestre que depende de las fuentes naturales de agua para sobrevivir. En un horizonte de muy largo plazo, donde se espera que aumenten las condiciones de aridez en el norte del país, el valor estratégico de tener agua en el subsuelo será aun mayor. El bienestar de las generaciones presentes y futuras depende de las soluciones que encontremos al problema del agua hoy; debemos complementar el desarrollo tecnológico con un buen manejo de las herramientas económicas.